Las adjudicaciones de obra pública ahorran hasta un 30% por la competencia empresarial

Imagine que quiere hacer una obra en su casa, por ejemplo renovar la cocina. Echa cuentas y calcula que, entre muebles y electrodomésticos, le saldrá por unos mil euros. Pide presupuesto en tres comercios. Dos le proponen hacer la reforma por 800 euros, y el tercero, asegura completarla con sólo 400. ¿Se fiaría de este último, o preguntaría antes cómo piensa ahorrarle tanto dinero?
Cuando esto sucede, las administraciones públicas desconfían, dudan de las grandes rebajas económicas. De hecho, las califican como 'bajas temerarias', una figura legal que obliga a las empresas a presentar un informe adicional detallando a qué responde un ajuste presupuestario tan excesivo. Sin embargo, con la construcción desplomada por la recesión, los abaratamientos de ofertas en los pocos concursos que convocan ayuntamientos, autonomías o el mismo Estado son una constante. Y en Cantabria, el pan de cada día.
El consejero de Obras Públicas y Vivienda, Francisco Rodríguez Argüeso, explica que, en número, las bajas temerarias que recibe su departamento son las mismas que en tiempos prósperos. Lógico, pues qué baja es temeraria y cuál no lo determinan los técnicos en cada convocatoria mediante una media aritmética de todas las ofertas que optan al contrato. Por debajo de ese listón, se designan temerarias. Sucede, en realidad, que el grosor de los descuentos (temerarios o no) crece conforme lo hace la crisis. Y si antes de 2008 un gobierno ahorraba de media entre un 10% o un 15% tras poner a subasta o concurso un proyecto, como indica Rodríguez Argüeso, ahora «se adjudican obras con un 20% o un 30%» de descenso sobre el precio de licitación (el máximo que está dispuesto a pagar la administración por los trabajos en lid).
Para explicarlo más claro sirve la transformación del Colegio Mayor Juan de la Cosa en un moderno complejo de apartamentos estudiantiles, la primera gran obra que ha contratado el nuevo Ejecutivo autonómico, que salió a concurso con un precio de licitación de 10,6 millones de euros. Se presentaron 27 empresas, muchas con bajas temerarias. Finalmente, la consejería adjudicó la ejecución por 7,6 millones. Tres millones menos, un ahorro cercano al 30%.
Esa cifra, propuesta por la Unión Temporal de Empresas (UTE) FCC Construcciones y Vice, resultó ganadora en un procedimiento donde la media de las ofertas rondó los 8,7 millones. La competencia fue muy dura.
Pero es lo habitual. Cinco de las últimas actuaciones que tramita el Gobierno regional, que incluyen desde la rehabilitación de la Casa Consistorial de Ampuero hasta la urbanización de calles en Medio Cudeyo, han sumado 13 bajas temerarias entre todas las propuestas recogidas, según relaciona el informe presentado por el PP ante el Parlamento regional este mes.
Las causas
Políticos y constructores coinciden en tres causas para explicar el fenómeno: cada vez se presentan más empresas a los convocatorias públicas; cada vez hay menos convocatorias; y cada vez las concursantes ajustan más sus precios, para conseguir, casi como sea, el más mínimo negocio.
«Evidentemente, la situación está al borde del cataclismo», admite casi con resignación Fidel González-Cuevas, presidente de la Asociación de Constructores y Promotores de Cantabria (ACP) durante los últimos 11 años. Los empresarios renuncian en muchas ocasiones al beneficio industrial al elaborar sus propuestas económicas, y ello contando que, de por sí, «en la obra pública el beneficio es muy pequeño».
Pero no se puede dejar de trabajar, como un tiburón, por naturaleza, no puede dejar de moverse. Además de pagar nóminas, las constructoras que operan en este sector «suelen tener maquinaria, que el que más y el que menos no ha acabado de pagar. Y cuando las están pagando por leasing, si esas máquinas no producen, la pérdida va directamente a la cuenta de resultados», describe.
No es la única pescadilla que se muerde la cola. Con las bajas temerarias, la consejería solicita el referido informe adicional, que ha de ser analizado para resolver si se acepta la oferta o no (es decir, si hay garantías de que la ejecución se completará con los requisitos fijados, y no con peores materiales, retrasos u otras irregularidades).
Este episodio se añade a la tramitación administrativa habitual, retrasando la adjudicación del contrato y, por ende, el inicio de los trabajos, del cambio de aceras o de la nueva glorieta. «Todo ese plazo lleva un tiempo, porque esas valoraciones que realizan los técnicos no son tan sencillas», apunta el consejero.
¿Y si no se acaba?
Por último, una baja temeraria siempre implica el riesgo de que, una vez arrancadas las obras, la constructora no pueda afrontar su propio presupuesto, solicitando un modificado del contrato, con sus consiguientes sobrecostes. O que, en el peor de los casos, abandone la ejecución.
Ante la proliferación de estas consecuencias, cada vez más frecuentes, algunas comunidades autónomas han aprobado medidas para frenarlas. La Xunta de Galicia, por ejemplo, modificó recientemente el cálculo de las bajas temerarias para eliminar directamente de los concursos las ofertas demasiado reducidas.
De los pocos concursos que hay, claro. Santiago Díaz Zavala, responsable del grupo Sadisa, uno de los más importantes de Cantabria y que agrupa constructoras como Ascan e industrias extractivas, incide en ese hecho: «Economistas de prestigio internacional abogan por aumentar la inversión pública en momentos de recesión para incentivar la economía». Para sufragar ese esfuerzo, «las únicas fórmulas posibles son las colaboraciones público-privadas, y la financiación estructurada, que se paga de forma aplazada en un determinado periodo de tiempo», completa Díaz Zavala.
También González-Cuevas aporta su fórmula, que -dice- protegería de paso el tejido empresarial cántabro, ahora vulnerable por el contexto y también por el propio sector. Porque antaño las grandes firmas no acudían a las convocatorias de bajo importe, se reservaban para las voluminosas. Pero ahora ya participan en cualquiera, lo que merma las posibilidades de las pequeñas y medianas sociedades, «las más abundantes» en la Comunidad, tal y como apostilla el expresidente de la ACP.
En consecuencia, propone al Gobierno regional que licite más concursos y menos subastas. En los primeros se tienen en cuenta otros criterios para la adjudicación además del precio (calidad técnica, solvencia, etcétera), mientras que en las subastas gana el mejor postor. «Así habría menos bajas temerarias, y menos obras que quedasen paradas». Y además, González-Cuevas reclama que «en los concursos se establezcan parámetros» para priorizar a las empresas cántabras, «como se hace en el País Vasco, Asturias o Castilla y León». «El que está domiciliado tiene aquí a sus plantillas, y eso beneficia al Gobierno de Cantabria a efectos del IRPF y de otros impuestos», remata.